Las entidades públicas, privadas e incluso personas naturales bajo responsabilidad penal de sus funcionarios dentro del contexto de sus obligaciones funcionales o profesionales, están obligados a comunicar a las autoridades competentes cualquier transacción u operación financiera de distinto género que hubieren detectado y las consideren sospechosas, de acuerdo a cada uno de los parámetros que competen a los sujetos obligados.
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